Tu repartidor ya tiene IMSS: la letra chica de la reforma

Un derecho nuevo con una condición

El repartidor que te sube la comida por las escaleras dejó de ser, en el papel, un trabajador invisible. Desde 2025, México puso en marcha una reforma que obliga a las plataformas digitales a inscribir a sus repartidores y conductores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es un cambio histórico: por primera vez, quien trabaja por aplicación puede tener acceso a seguridad social sin dejar de ser, en teoría, su propio jefe.

La cifra impresiona. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el plan piloto benefició a alrededor de 912 mil personas dedicadas al trabajo en plataformas. Pero debajo de ese número grande hay un número más pequeño y más incómodo, y ahí está la verdadera historia.

Qué dice la reforma y de dónde salió

En diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la Ley Federal del Trabajo que crea un capítulo específico para el trabajo en plataformas digitales. Su corazón es reconocer una relación laboral entre la plataforma y quien reparte o conduce, sin eliminar la flexibilidad de horarios que caracteriza al modelo.

La aplicación arrancó como una prueba piloto nacional de 180 días, iniciada el 1 de julio de 2025. El 31 de diciembre de 2025 concluyó formalmente ese piloto y, a partir de 2026, las reglas se mantienen vigentes mientras el Congreso discute la reforma correspondiente a la Ley del Seguro Social. En la práctica, la obligación de afiliar ya opera.

Quien queda afiliado como trabajador subordinado accede a las cinco ramas del seguro social: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Además, gana derecho al reparto de utilidades. No es cobertura de segunda: es el mismo IMSS que tiene cualquier asalariado formal.

El umbral que separa a dos tipos de repartidor

Aquí aparece la letra chica. La cobertura completa no es para todos: depende de cuánto gane cada persona. La plataforma debe reconocer como subordinado, con las cinco ramas, a quien genera al menos el equivalente a un salario mínimo mensual neto, que en 2026 ronda los 8,364 pesos. Quien no alcanza ese umbral solo queda protegido, mientras esté activo, por el seguro de riesgos de trabajo, es decir, contra accidentes durante la jornada.

Los datos oficiales muestran el tamaño de esa brecha. En diciembre de 2025, 206 mil 521 personas superaron el umbral de ingreso que las reconoce como subordinadas con seguridad social completa, un aumento de 55.5% frente a las 132 mil 841 de julio. Dicho de otro modo: de los cientos de miles que tocaron el sistema, una minoría cruzó la línea de la cobertura plena.

Para calcular ese ingreso neto se descuenta un porcentaje por costos operativos, que en 2026 quedó en 48% para quien reparte en automóvil, 32% para motociclistas y 3% para quien trabaja en bicicleta o sin vehículo motorizado. La lógica es razonable —la gasolina y el desgaste del vehículo son gastos reales—, pero también define quién sube y quién no al escalón de la protección completa.

Quién paga el costo

Ninguna prestación es gratis, y esta reforma abrió una discusión sobre quién absorbe su costo. Desde que entró el piloto, agrupaciones de repartidores y conductores de Uber, Rappi y DiDi reportaron una caída en sus ingresos, atribuida a ajustes en tarifas y a las nuevas retenciones. La protección social llegó, pero para algunos vino acompañada de un recorte en lo que reciben por viaje o por entrega.

Ese es el nudo. Una plataforma puede trasladar el costo de la seguridad social de tres formas: reduciendo lo que paga al repartidor, subiendo el precio al consumidor, o sacrificando margen propio. La primera opción es la más cómoda para la empresa y la más dolorosa para quien pedalea bajo el sol.

La lectura de fondo: renta sobre el trabajo ajeno

Vale la pena mirar esto con la lente del tecnofeudalismo, el término que el economista Yanis Varoufakis usa para describir cómo las grandes plataformas dejaron de comportarse como empresas de mercado y empezaron a comportarse como señores feudales que cobran renta por el acceso a su territorio digital.

En ese esquema, la aplicación no contrata trabajadores en el sentido clásico: pone una infraestructura —el mapa, el algoritmo, la base de clientes— y cobra una comisión por cada transacción que ocurre dentro de ella. El repartidor aporta la moto, la gasolina, el tiempo y el riesgo físico; la plataforma aporta el software y se queda con una tajada de cada viaje. La reforma mexicana es, en el fondo, un intento del Estado por reinsertar derechos laborales en un modelo diseñado precisamente para externalizarlos.

Que 912 mil personas hayan tocado el sistema demuestra que el modelo mueve una economía enorme sobre los hombros de trabajadores que, hasta ayer, no tenían red alguna. Que solo una fracción cruce el umbral de cobertura completa demuestra que el diseño todavía deja mucha gente en el borde.

Lo que queda por ver

La reforma es un avance real: convirtió un trabajo sin red en uno con, al menos, una cobertura básica frente a accidentes, y una plena para quien alcanza el umbral. Pero su efecto final depende de una pregunta que aún no tiene respuesta: ¿logrará el Congreso blindar la reforma en la Ley del Seguro Social antes de que las plataformas encuentren cómo diluirla vía tarifas?

Si trabajas por aplicación, el paso concreto es revisar en tu app si ya apareces afiliado al IMSS y con qué nivel de cobertura, y consultar tu número de seguridad social directamente ante el Instituto. El derecho existe; usarlo empieza por verificar que de verdad te lo estén dando.